La Defensoría del Pueblo emitió el jueves 22 de octubre un llamado público al Gobierno nacional y a las entidades públicas para que, al decidir designaciones en cargos de alta responsabilidad, se tomen en cuenta antecedentes o investigaciones relacionadas con presuntas violencias contra las mujeres. La entidad insistió en la necesidad de aplicar debida diligencia y establecer criterios claros para evaluar estos nombramientos.
Qué pide la Defensoría
En su pronunciamiento la Defensoría señaló que, aunque la determinación de responsabilidades penales corresponde a la justicia y se debe respetar la presunción de inocencia, las administraciones públicas deben considerar la existencia de denuncias o procesos disciplinarios cuando evalúan a posibles servidores públicos para cargos de dirección o representación.
- Revisar posibles vinculaciones de candidatos o funcionarios con denuncias por violencias basadas en género.
- Establecer protocolos que permitan decidir con transparencia sobre nombramientos en la administración pública.
- Adoptar medidas proporcionales de prevención y protección que no sustituyan las indagaciones judiciales.
La Defensoría no propuso una única fórmula legal; en cambio, planteó que las entidades definan criterios que permitan ponderar riesgos institucionales y la protección de derechos fundamentales.
Según la información publicada por El Colombiano, la Defensoría se refirió en su llamado a dos casos recientes: el nombramiento de Hatem Eduardo Dasuky en el Ministerio de las Culturas, a quien un informe periodístico relacionó con una imputación de la Fiscalía en 2024 por presuntos delitos sexuales, y la posible vinculación a Ecopetrol del general (r) Eduardo Zapateiro, quien afronta actuaciones judiciales por presunto acoso sexual. En ambos casos rige la presunción de inocencia.
Los datos sobre imputaciones y procesos fueron citados a partir de investigaciones y comunicados públicos; la Defensoría enfatizó que corresponde a la Fiscalía y a las autoridades judiciales adelantar las investigaciones y a los tribunales resolver sobre responsabilidad.
Contexto institucional y próximos pasos
La solicitud de la Defensoría llega en un momento en que varias instituciones del Estado enfrentan presiones públicas para mejorar los mecanismos de selección de personal de alto nivel y garantizar ambientes laborales libres de violencia. La entidad pidió a las administraciones establecer mecanismos de control y transparencia y a la ciudadanía mantener la exigencia de que los servidores públicos cumplan estándares que protejan los derechos de las mujeres.
Las decisiones sobre nombramientos y la eventual actuación administrativa frente a personas con investigaciones abiertas dependerán, según la Defensoría, de las normas internas de cada entidad y de los resultados de las indagaciones judiciales y disciplinarias.
