La Defensoría del Pueblo alertó por el desplazamiento de aproximadamente 500 indígenas de la comunidad de Villa Nueva, ocurrido el 1 de noviembre en el corregimiento de Jurubidá, municipio de Nuquí, Chocó. La salida de la población se produjo en medio de la disputa territorial entre grupos armados que operan en la zona.
De acuerdo con el organismo, niños, niñas, mujeres, personas mayores y autoridades tradicionales permanecen de manera temporal en la comunidad afrodescendiente de Jurubirá. La población todavía no había llegado a la cabecera municipal de Nuquí al momento del reporte divulgado por la entidad.
Antecedentes de la alerta
La Defensoría indicó que dos días antes del desplazamiento había emitido un oficio en el que confirmó la materialización del riesgo advertido en la alerta temprana 009 de 2024. En ese documento se había señalado el deterioro de las condiciones de seguridad en el sector, después del asesinato de dos personas y el secuestro de otra en Villa Nueva.
“La disputa territorial entre el Clan del Golfo (...) y el ELN está poniendo en grave riesgo los derechos fundamentales de las comunidades”.
La afirmación fue incluida por la Defensoría del Pueblo en su comunicado sobre la situación. La entidad también advirtió que el riesgo podría alcanzar a otras poblaciones cercanas. Según el mismo reporte, la comunidad de Puerto Indio, integrada por cerca de 300 personas, estaría evaluando desplazarse debido a las condiciones de inseguridad.
Petición de atención humanitaria
Ante la situación, el organismo solicitó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales una respuesta urgente para las familias desplazadas. Entre las medidas reclamadas están:
- Garantizar alimentación, agua potable, atención en salud y alojamiento temporal digno, con enfoque étnico y diferencial.
- Coordinar un traslado fluvial seguro cuando las condiciones lo permitan, junto con las medidas de protección necesarias.
- Activar las rutas de atención a las víctimas del desplazamiento y articular la respuesta con las autoridades indígenas y las comunidades receptoras.
- Adoptar medidas urgentes de prevención y protección para evitar nuevos desplazamientos.
La Defensoría pidió además que las instituciones actúen para impedir que más familias abandonen sus hogares y territorios. La atención deberá coordinarse con las autoridades tradicionales y con la comunidad afrodescendiente que actualmente recibe de manera temporal a la población desplazada.
