La Alcaldía de Dosquebradas acudió al Tribunal Administrativo de Risaralda para pedir la anulación parcial de varias disposiciones incluidas en acuerdos colectivos firmados con organizaciones sindicales entre 2019 y 2024. La administración municipal sostiene que algunas cláusulas establecieron beneficios económicos y obligaciones presupuestales que, según su análisis, no tendrían suficiente respaldo constitucional y legal.
El proceso fue presentado como una acción de nulidad y restablecimiento del derecho bajo la figura de lesividad. Además de solicitar que se retiren del ordenamiento las cláusulas cuestionadas, el Municipio pidió que se estudie la restitución de recursos públicos que ya hubieran sido entregados en aplicación de esos acuerdos.
Acuerdos incluidos en la demanda
La controversia comprende disposiciones adoptadas mediante los decretos municipales 348 de 2019, 667 de 2020, 245 de 2021, 415 de 2022 y 504 de 2024. Esos actos administrativos incorporaron acuerdos colectivos correspondientes a distintas vigencias. La demanda fue dirigida contra varias organizaciones sindicales y contra el Fondo de Empleados de los funcionarios del Municipio de Dosquebradas.
- SIMTRAEMDOS.
- Sindicato de Educadores de Risaralda (SER).
- SINTRENAL y ANDETT.
- Fondo de Empleados de los funcionarios municipales.
Entre los asuntos que la administración puso en discusión están los incrementos salariales y los cambios particulares en escalas de remuneración. También fueron mencionados los auxilios anuales para organizaciones sindicales, programas adicionales de bienestar laboral, apoyos para salud visual y bonos destinados a la adquisición de dotación.
| Grupo de beneficios | Aspectos cuestionados |
|---|---|
| Apoyos económicos | Auxilios sindicales, complementos por incapacidad e incentivos al ahorro |
| Bienestar y dotación | Salud visual, bonos, obsequios y beneficios navideños |
| Programas institucionales | Apoyo al Fondo de Empleados y recursos para mejoramiento de vivienda |
La Alcaldía también incluyó en sus reparos la entrega de bienes y otros beneficios dirigidos a determinados servidores públicos. De acuerdo con los argumentos expuestos por el Municipio, algunas de esas medidas pudieron comprometer recursos públicos por fuera de las competencias legales de la administración. La solicitud deberá ser analizada por el tribunal, que tendrá a su cargo determinar el alcance de las disposiciones demandadas y las peticiones formuladas.
El debate pasa al tribunal
La acción judicial abre una discusión sobre la validez de compromisos económicos incorporados en acuerdos laborales de distintas vigencias. El trámite involucra a la administración municipal, a las organizaciones sindicales señaladas en la demanda y al Fondo de Empleados, mientras el Tribunal Administrativo de Risaralda estudia las pretensiones relacionadas con la nulidad de las cláusulas y la eventual devolución de recursos.
