La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este 29 de octubre de 2026 crímenes de guerra y de lesa humanidad a nueve antiguos integrantes del Comando Conjunto Central (CCC) de las Farc. La decisión está relacionada con homicidios, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos y tomas guerrilleras cometidos en territorios de Tolima, Huila y Quindío.
La determinación fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad dentro del Caso 10, que investiga los delitos no amnistiables atribuidos a la antigua guerrilla y que no fueron incluidos en otros macrocasos. Según la JEP, los hechos documentados corresponden a 94 incursiones armadas realizadas por el CCC entre 1991 y 2016, periodo en el que esa estructura ejecutó el mayor número de tomas guerrilleras y ataques contra estaciones de Policía entre los grupos de las Farc.
La investigación judicial reúne a cerca de 1.000 personas acreditadas como víctimas. Los campesinos representan el 54 % de ese universo, de acuerdo con la información presentada por la jurisdicción. Entre las conductas analizadas están ataques contra la población civil, asesinatos colectivos, desapariciones y desplazamientos forzados, además de las acciones armadas contra instalaciones policiales.
“Ejercieron un liderazgo regional, tenían mando para decidir sobre lo que hacían las estructuras a su cargo y poder para disciplinar”, señaló la JEP al explicar la responsabilidad atribuida a ocho de los imputados.
La decisión cobija a Pablo Catatumbo Torres Victoria, conocido como ‘Pablo Catatumbo’; Luis Eduardo Rayo, alias ‘Marlon’; Henoc Capera Trujillo, alias ‘Giovanni’ o ‘Giovanni Castro’; Jhon Jairo Oliveros Grisales, alias ‘Armando Pipas’; Gustavo Bocanegra Ortegón, alias ‘Donald’ o ‘Donald Ferreira’; Nelson Antonio Jiménez Gantiva, alias ‘Gonzalo’; Wilson Ramírez Guzmán, alias ‘Teófilo González’; Víctor Hugo Silva Soto, alias ‘Erick’ o ‘El Chivo’, y Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’.
El alcance de la imputación
La JEP indicó que ocho de los nueve comparecientes fueron señalados como máximos responsables por el liderazgo regional que ejercían, su capacidad de mando y la posibilidad de adoptar decisiones sobre las estructuras bajo su control. Cuatro de los imputados estuvieron privados de la libertad, pero esta es la primera vez que responden por estos hechos dentro del Caso 10.
- 94 incursiones armadas fueron documentadas por la JEP.
- Los hechos ocurrieron entre 1991 y 2016.
- Cerca de 1.000 víctimas están acreditadas ante la jurisdicción.
- El 54 % de las víctimas acreditadas son campesinos.
La decisión también fue contrastada con el avance que habían tenido estos procesos en la justicia ordinaria. Antes de la imputación, la mayoría de las investigaciones permanecía en etapas preliminares y apenas el 10 % había terminado en una condena, según el balance citado en la decisión judicial. La actuación de la JEP concentra así hechos que afectaron a comunidades del Quindío y de los departamentos vecinos, dentro de un expediente que examina delitos que no pueden ser objeto de amnistía.
