El Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó terminar la intervención forzosa administrativa de Coosalud EPS y devolver el control de la entidad a sus propietarios. La decisión fue adoptada dentro de una medida cautelar relacionada con una acción popular y quedó a cargo del magistrado Luis Miguel Villalobos, según informó El Heraldo el 30 de octubre de 2026.
La orden judicial se conoce después de cerca de dos años de intervención. La medida había sido tomada por la Superintendencia Nacional de Salud y, de acuerdo con los antecedentes recogidos en el fallo, en abril de 2024 ya se había dispuesto la devolución de la EPS. Sin embargo, la autoridad de vigilancia prorrogó posteriormente la administración forzosa.
Informes de los organismos de control
Para resolver la solicitud, el tribunal tuvo en cuenta reportes de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. Esos documentos señalaron que los problemas que motivaron la intervención no habían sido superados y que algunos indicadores asociados con la operación de la EPS mostraban un deterioro.
- Persistencia de dificultades financieras, administrativas y asistenciales.
- Aumento de peticiones, quejas y reclamos, además de tutelas e incidentes de desacato.
- Problemas en la entrega de medicamentos y rotación continua de los agentes interventores.
El análisis judicial concluyó que la intervención no estaba cumpliendo el objetivo para el cual fue ordenada: corregir las condiciones económicas y administrativas que ponían en riesgo la estabilidad y la continuidad de la entidad. En el fallo, el despacho cuestionó los resultados del plan de acción ejecutado durante la toma de posesión.
“El plan de acción no ha mostrado resultados satisfactorios”.
La Procuraduría también reportó que la medida no había alcanzado las finalidades previstas. Según ese informe, se presentaba un deterioro en indicadores relacionados con la prestación del servicio de salud, la estabilidad financiera y el acatamiento de órdenes judiciales. Estos elementos fueron incorporados por el tribunal como hechos sobrevinientes para sustentar la suspensión de la intervención.
Retorno de la administración
Como consecuencia de la decisión, la devolución administrativa de la EPS quedó ordenada a favor de Jaime González Montaño y Natalia Largo González. La medida modifica el esquema de administración que había operado durante la intervención y dispone el retorno de la entidad a sus propietarios, en los términos establecidos por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
Coosalud tiene su sede principal en Cartagena. El fallo se refiere tanto a la gestión financiera y administrativa como a las condiciones de atención a los afiliados, especialmente por los reportes sobre medicamentos, reclamaciones y cumplimiento de decisiones judiciales.
