La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación por las presuntas amenazas de muerte contra el registrador nacional, Hernán Penagos, tras recibir información sobre un posible plan de atentado que, según reportes, habría sido planeado desde un centro penitenciario. La noticia fue divulgada el 26 de octubre por medios que citaron fuentes oficiales y acercamientos entre el Ministerio de Justicia y las autoridades judiciales.
Qué se sabe hasta ahora
De acuerdo con la información pública, el ministro de Justicia, Iván Cancino, trasladó la alerta a las autoridades competentes y notificó al presidente Abelardo De La Espriella, al vicefiscal general encargado, Gilberto Guerrero, y al propio registrador. La Fiscalía abrió una noticia criminal y asignó la investigación a la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos, que ahora coordina las labores de policía judicial para identificar a la persona que habría formulado las amenazas y para determinar las circunstancias del hecho.
- Origen de la alerta: información que, según las versiones periodísticas, provendría de una persona privada de la libertad en un establecimiento carcelario.
- Autoridades notificadas: Ministerio de Justicia, Presidencia de la República, Vicefiscalía y el propio registrador.
- Unidad investigadora: Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos de la Fiscalía.
El registrador habría sido informado del posible riesgo mientras se encontraba en Brasil participando en una misión de observación electoral, según los reportes. Las autoridades evalúan, según los mismos medios, reforzar su esquema de seguridad; sin embargo, hasta ahora no se han confirmado públicamente medidas adicionales específicas.
Reacciones de otras autoridades
El procurador general, Gregorio Eljach, solicitó reforzar de inmediato la protección del registrador y pidió a las autoridades identificar a los supuestos responsables. A su vez, el representante político Nicolás Barguil expresó en redes sociales su rechazo a las amenazas y pidió una respuesta contundente del Gobierno para garantizar la protección de la institucionalidad electoral.
Las autoridades señalaron que esta alerta se suma a incidentes previos: en agosto pasado se difundieron amenazas contra Penagos, otros servidores y sedes de la Registraduría, hecho que motivó un requerimiento de la Defensoría del Pueblo para investigar y evaluar condiciones de seguridad. No obstante, hasta ahora no se ha establecido una relación técnica entre aquel episodio y la información conocida el 26 de octubre.
| Actor | Acción atribuida |
|---|---|
| Fiscalía General de la Nación | Apertura de noticia criminal; asignación a la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos |
| Ministerio de Justicia (Iván Cancino) | Traslado de la información a las autoridades competentes y comunicación a Presidencia y Vicefiscalía |
| Procuraduría (Gregorio Eljach) | Solicitud de refuerzo inmediato de la protección al registrador |
| Registraduría | Registro y seguimiento del incidente; notificación al funcionario afectado |
Según los reportes, las labores de policía judicial se encuentran en curso con el objetivo de identificar a quien habría formulado las amenazas y establecer el origen y la veracidad de la información. Por ahora no se ha divulgado públicamente la identidad de personas involucradas ni detalles técnicos sobre las investigaciones en desarrollo.
En el pasado reciente, la Registraduría ya fue objeto de amenazas y mensajes intimidatorios que motivaron la intervención de la Defensoría del Pueblo y solicitudes de investigación. Los antecedentes fueron mencionados por las fuentes que difundieron la alerta del 26 de octubre, aunque las autoridades competentes no han confirmado una vinculación directa entre los hechos.
